CIUDAD DE MÉXICO.
Como parte de la tercera y última fase del Registro Nacional de Detenciones (RND), el jueves 1 de abril del presente año, se incorporan los datos de todas las personas detenidas por faltas administrativas o la comisión de alguna infracción considerada en los reglamentos municipales y de justicia cívica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Información (CNI), puso en marcha esta iniciativa en 2019, como un instrumento para proteger los derechos humanos de las personas detenidas en el territorio nacional.
Como lo establece la Ley del RND, la puesta en marcha de este instrumento se ha realizado de manera gradual, lo que comenzó el 23 de noviembre de hace dos años, en su fase inicial, para los delitos del fuero federal.
La SSPC indicó que, de esta forma, se tiene el registró de alrededor de 35 personas detenidas por su presunta vinculación en delitos de este fuero, desde el arranque y hasta esta fecha.
Hace un año, el 1 de abril de 2020, se puso en marcha la segunda fase del instrumento para registrar a las personas detenidas por delitos del fuero común, por lo que hasta esta fecha se han reportado 370 detenciones por estas conductas.
El CNI diseño y aplicó un proceso de capacitación, para elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal para el manejo del RND.
Con la información recopilada se permite identificar a las personas detenidas, a las autoridades que participan en el procedimiento, así como conocer la ubicación y el tiempo en que sucede el aseguramiento.
Con esto se busca garantizar la trazabilidad absoluta del proceso de detención, desde que ocurre y hasta que se hace la puesta a disposición de la persona.
La SSPC indicó en un comunicado que la población en general puede consultar si un familiar o conocido ha sido detenido y, si es el caso, ubicar el lugar de su puesta a disposición, a través de la plataforma https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/.
Se explicó que con la entrada en vigor de la tercera etapa, la base de datos permitirá identificar a los infractores reincidentes, con el objetivo de para evitar que sus conductas escalen a casos más graves.
También se diseñarán políticas públicas preventivas e integrales, más eficaces y basadas en evidencia, para fortalecer la seguridad pública y la impartición de justicia.
jcp
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