CIUDAD DE MÉXICO.
La mañana del 29 de junio, con el uso de la fuerza pública armada, las instalaciones del campus de la UDLAP fueron tomadas para la imposición ilegal de un nuevo patronato en la institución, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del ejecutivo estatal.
Tras la situación que se presentó el día martes 29 de junio en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), las instituciones educativas que forman parte del Consorcio Universitario de Puebla, así como organizaciones empresariales e integrantes de la sociedad civil, manifestaron su respaldo y solidaridad hacia la institución.
La presencia de policía auxiliar armada dentro del campus ha limitado el acceso de alumnos, docentes y administrativos, lo que además ha ganado la reprobación de propios y extraños, en torno a un hecho que no se había presentado desde los convulsos tiempos del 68. La Ibero, el Tec de Monterrey campus Puebla, la Anáhuac, la UPAEP y la UMAD manifestaron su desaprobación ante la irrupción en el campus e hicieron un llamado a respetar la legalidad y garantizar el trato digno a quienes conforman las comunidades educativas en Puebla.
Lo anterior sucedió a pesar de que existen suspensiones provisionales y definitivas que prohibían la realización de este tipo de actos, los cuales tienen su origen en una disputa familiar que ha derivado en un proceso legal abierto en la Fundación Mary Street Jenkins, más no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, ni de su patrimonio inmobiliario y menos aún de sus funcionarios”.
Paralelamente, organizaciones empresariales del Estado expresaron también su respaldo hacia la institución educativa. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), COPARMEX y CANACINTRA, publicaron desplegados en apoyo de la UDLAP, reconociendo las aportaciones de la institución educativa en la generación de conocimiento y en general a las actividades económicas del Estado.
Como sector empresarial, hicieron un llamado a respetar el estado de derecho y señalaron la urgencia de resolver el conflicto que está afectando la imagen de Puebla y de la infraestructura educativa que por años se ha fortalecido en la entidad, toda vez que, entre otras cosas, el cerco policiaco al campus está afectando equipos especializados de investigación que requieren cuidado diario y fauna que se mantiene en laboratorios.
Por su parte los estudiantes de la institución se han organizado en diferentes actos de protesta pacíficos para demandar al gobierno estatal la liberación del campus a fin de poder recuperar la normalidad de las clases presenciales que se habían reactivado recientememente, extendiendo dicho activismo a redes sociales con los hashtags: #YoSoyUDLAP, #CampusLibre y #ApoyoAMiRector.
Para el cuerpo legal de la institución la toma del campus sienta un mal precedente pues permitirá a cualquier gobierno estatal amagar a una institución educativa con un despojo fundado en la fuerza pública y en un periplo legal inconsistente, por lo que hacen un llamado a reconocer los principios de certidumbre jurídica y propiedad privada.
El gobernador del estado, Miguel Barbosa, ha insistido en que la acción obedece a un mandato judicial, pero no ha podido justificar hasta el momento porque la fuerza pública estatal apoya ejerciendo dicha acción sobre el sujeto jurídico Universidad de las Américas cuando el proceso legal vigente es contra el sujeto jurídico Fundación Jenkins.
Al día de hoy, las clases y cursos académicos de la UDLAP operan con total normalidad bajo la modalidad virtual y no se han suspendido ni los pagos a catedráticos, empleados administrativos, ni a proveedores.
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